Mentiras útiles: lo que el relato oculta sobre la inflación

Durante años, buena parte del debate económico en Argentina estuvo atrapado entre relatos cómodos y diagnósticos falsos. La inflación, uno de los problemas más persistentes del país, ha sido sistemáticamente relativizada, negada o atribuida a causas secundarias. En el corazón de esta narrativa se encuentra una “mentira útil”: que la emisión monetaria no genera inflación.

Quienes sostienen esta idea suelen apelar a ejemplos internacionales, a explicaciones sociológicas o a teorías económicas descontextualizadas. Pero Argentina no es un país cualquiera. Es un país con mercados poco competitivos, baja elasticidad de oferta, una economía cerrada y un Estado con crónica debilidad fiscal. En este contexto, emitir es, casi inevitablemente, inflacionario.

Emisión y realidad productiva

La lógica es sencilla: los nuevos pesos que emite el Estado pueden ir a aumentar la producción o a aumentar los precios. ¿De qué depende que ocurra una cosa u otra? De varios factores estructurales. El primero es la capacidad ociosa de la economía. Si existen recursos subutilizados (como maquinaria parada o desempleo alto), la emisión puede activarlos y traducirse en crecimiento. Pero si no hay margen productivo, los nuevos pesos simplemente presionan sobre una oferta que no puede reaccionar.

En Argentina, incluso en recesión, las tasas de ocupación suelen mantenerse altas, lo que indica una estructura rígida, poco adaptable. La emisión, en ese escenario, presiona sobre los precios más que sobre la producción.

Expectativas, velocidad y rigidez

Otro elemento clave es la expectativa de inflación. Si los agentes económicos prevén que los precios subirán, actúan en consecuencia: adelantan compras, remarcan, buscan cobertura. Esto acelera el proceso inflacionario. En un país con inflación crónica, como el nuestro, esta inercia es muy difícil de frenar.

A ello se suma la velocidad de circulación del dinero. Si nadie quiere quedarse con pesos y todos corren a gastarlos, los precios suben. El dinero se convierte en una papa caliente que nadie quiere sostener.

Por otro lado, el mercado laboral argentino es profundamente rígido, con normativas que dificultan contratar y despedir. Esto limita la capacidad del sistema para reaccionar ante una mayor demanda sin trasladarla directamente a precios.

Una oferta encorsetada

La estructura de oferta en Argentina es inelástica: reacciona poco y lento ante la demanda. Muchas industrias dependen de insumos importados, lo que implica una necesidad permanente de divisas. Sin dólares, no hay forma de ampliar la producción, y la emisión termina siendo una presión inflacionaria pura.

Este punto se vincula con la productividad. Si los pesos emitidos se dedicaran a inversión estratégica o a modernizar procesos, podrían generar capacidad de oferta futura. Pero en general, se destinan a gasto corriente, subsidios o parches fiscales.

Política monetaria sin ancla

La tasa de interés podría contener la inflación en el corto plazo, pero solo si el Estado tiene margen fiscal o acceso al crédito para sostener ese ancla. Sin credibilidad ni superávit, como sucedió en los últimos gobiernos, el Estado termina emitiendo aún más para pagar tasas crecientes, entrando en una dinámica perversa que alimenta el mismo problema que buscaba frenar.

Y si hablamos de anclas, la competencia en los mercados es otra ausente crónica en Argentina. Con sectores fuertemente concentrados o cartelizados, remarcar precios es más fácil que competir.

El problema no es emitir, sino mentir

La emisión monetaria no es buena ni mala en sí misma. Es una herramienta. Pero como toda herramienta, solo es útil si se la utiliza con criterio, sabiendo sus límites y consecuencias. Lo preocupante no es tanto que se emita, sino que se lo haga escondiendo sus efectos reales bajo relatos épicos o supuestas luchas contra enemigos imaginarios.

El kirchnerismo —y buena parte del progresismo local— ha optado por una narrativa donde cuestionar la emisión es ser neoliberal, y aceptar sus efectos es traicionar al pueblo. Esa es la verdadera trampa: imponer un marco moral en lugar de uno técnico. Defender la soberanía no debería significar negar la aritmética.

Si el proyecto político implica financiar políticas expansivas vía emisión, está en su derecho de hacerlo. Pero debería decirlo con claridad y explicar los costos reales de esa decisión: más inflación, menos poder adquisitivo, más desigualdad de acceso al crédito y menos inversión.

Mentirle a la sociedad no fortalece la democracia ni mejora la justicia social. Solo posterga el estallido y profundiza el desgaste. La emisión puede ser una solución temporal, pero jamás una estrategia permanente. En el país que habitamos, emitir genera inflación, y negarlo no es audaz: es irresponsable.

Una advertencia final: el precio de no cambiar

Si el campo popular no corrige estos errores, si no construye un nuevo pacto con sus votantes basado en la verdad y en la responsabilidad, quedará condenado a ser una minoría intensa: cada vez más intensa, cada vez más minoritaria. Incapaz de volver a enamorar al centro político, entregará —una y otra vez— el poder a la derecha que pretende combatir.